JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
La
judicialización de la política, es lamentablemente una realidad en nuestro país
pues el uso que, desde ciertos sectores en el poder, la derecha y la
ultraderecha especialmente le dan al derecho penal como “arma” contra el
adversario político, es ya una verdad innegable.
Los principios
rectores de un derecho garantista son negados por quienes a nombre de la
democracia crean y usan la ley según sus intereses, ya sea por ejemplo cogiendo
el pretexto de la “lucha” contra la corrupción pues en vez de estar dispuestos
a cambiar las reglas del modelo económico que ha generado el incremento de este
mal, usan ese problema para que con el poder que cada facción tiene en el
aparato judicial, abrir procesos de investigación judicial para sacar de la
arena política al contendor. Aquí no se trata de plantear que el robo
sistemático de los recursos nacionales no sea penado, sino que se evidencia que
estos procesos judiciales son aperturados “a gusto” del opositor, en el momento
“conveniente”. Tal conducta ha sido el modus operandi de quienes han detentado
el poder (tal es el caso de los presidentes de los últimos 30 años). En estos
procesos, al margen de nuestra inclinación o rechazo político, se constata la
violación de la presunción de inocencia o la aplicación arbitraria de la
prisión preventiva y ha servido para minar aún más la poca legitimidad
política, ahondando la crisis política de los últimos años.
Pero, por otro
lado, la judicialización de la política ha sido y es terriblemente aguda contra
sectores con opiniones críticas y disidentes al Estado, especialmente con
organizaciones populares con programas de izquierda y socialista, no solo nos
referimos a la alta punitividad que se aplica contra dirigentes sociales en las
protestas. Vayamos a ver el caso de la apertura de procesos judiciales contra
el Movadef y Perú Libre.
En el caso del
Movadef, sin sentencia firme aún (7 años de investigación en el llamado caso
Perseo no llega aún a juicio oral) ya es sentenciado como “grupo terrorista” y
condenado mediáticamente. Definitivamente es un caso controversial pues
sindicar a un grupo de personas de “terroristas” no es cosa menor. Por un lado,
porque como dijo el abogado Cesar Nagasaki cuando capturaron a 77 ciudadanos,
entre ellos a activistas del Movadef, se “necesita una organización que haga
HOY ACTOS TERRORISTAS, no que las hizo hace 20 años, para sindicarlos de
terroristas, lo cierto es que cuando el Jefe de la Dircote argumentó el porqué del
Operativo Olimpo planteó que dicho operativo buscaba erradicar a personas seguidoras
de las ideas marxistas-leninistas-maoístas-pensamiento Gonzalo, o sea eliminar
formas de pensar, ¿esto es ilícito? ¿O más parece que se pretende resolver en
lo judicial lo que en el plano político con la necesaria confrontación de
ideas, no se ha podido?
En el caso de
Perú Libre, con el sr. Vladimir Cerrón, a raíz del ascenso de su partido al
poder rápidamente se le abrió un proceso judicial acusándolo del delito de
“terrorismo” acompañada de una campaña mediática que tildaba a sus ideas
políticas de “comunistas” o “filosenderistas” una cuestión que debe llamar la
atención es el momento que se elige para aperturar estos procesos. Según la
Fiscalía, al Movadef se le investiga hace 5 años… ¿por qué se aperturó proceso
recién hace 1 año cuando las supuestas “pruebas” del delito ya estaban
presentadas? ¿Por qué precisamente el momento coincide con los inicios de la
campaña electoral? ¿Para frenarlos como fuerza política? Saque usted sus
conclusiones.
En el caso de
Cerrón, la investigación se armó en cuestión de semanas sacando “colaboradores”
de debajo de la manga. Si estos “colaboradores” ya son agentes al servicio del
aparato judicial hace años ¿por qué recién declaran sobre el sr Cerrón? ¿Se
olvidaron de él en todo este tiempo? Al parecer sufrieron de amnesia momentánea
y se acordaron de él cuando su partido tiene una cuota de poder en el
Ejecutivo.
Lo real es que
se ha apelado a la judicialización de las organizaciones de izquierda,
encarcelándolos o con miras a ello. Sino reiteramos lo publicado por Rosa María
Palacios, que termina siendo bastante expresivo al invocar la judicialización
de la política en el caso del líder del Partido de gobierno:
“Perdido el muro
de contención por el peseteo en el Congreso - en referencia al voto de
confianza otorgado - solo queda voltear a los otros poderes del Estado, ¿será
el Poder Judicial el que ponga límites a la usurpación del poder? El condenado
sabe que no las tiene todas consigo”.
Frente a todo lo expuesto, hay reflexiones que son
necesarias hacer:
1. En una
entrevista en la Revista “Domingo” la historiadora Cecilia Méndez planteó:
“Aún vivimos la época de la antipolítica,
donde la política es vista como una guerra y se tiene que eliminar al enemigo
(al que piensa diferente). A esta “guerra” ha sido incorporada como
instrumento, el derecho. Por ello, planteamos que el campo y el fin del derecho
debe estar nítidamente demarcado. No debe convertirse en la guillotina del
poder político al servicio de su persecución, especialmente, contra la
izquierda.
2. Con la judicialización
de la política, solo logramos hacer del Estado un Estado punitivista, policiaco
y criminalizador. Eso no es democracia ni se conduce con el hecho de que el
sistema político tolere a pensamientos divergentes entre sí, lo real es que los
que “piensan diferente” se han ganado un espacio en la vida política del país.
Si no nos gusta, confrontemos, pero en el terreno político, con debate de
ideas.
3. La población
ha planteado la necesidad de cambios, que uno de ellos sea dejar la judicialización
de la política y el terruqueo y que el sistema de justicia se aboque a hacer
precisamente ello ¡Justicia! Sin ver rostros ni bolsillos.
ASOCIACIÓN CIVIL DE CONTROL GARANTISTA DEL DERECHO – Setiembre, 2021
