JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

La judicialización de la política, es lamentablemente una realidad en nuestro país pues el uso que, desde ciertos sectores en el poder, la derecha y la ultraderecha especialmente le dan al derecho penal como “arma” contra el adversario político, es ya una verdad innegable.

Los principios rectores de un derecho garantista son negados por quienes a nombre de la democracia crean y usan la ley según sus intereses, ya sea por ejemplo cogiendo el pretexto de la “lucha” contra la corrupción pues en vez de estar dispuestos a cambiar las reglas del modelo económico que ha generado el incremento de este mal, usan ese problema para que con el poder que cada facción tiene en el aparato judicial, abrir procesos de investigación judicial para sacar de la arena política al contendor. Aquí no se trata de plantear que el robo sistemático de los recursos nacionales no sea penado, sino que se evidencia que estos procesos judiciales son aperturados “a gusto” del opositor, en el momento “conveniente”. Tal conducta ha sido el modus operandi de quienes han detentado el poder (tal es el caso de los presidentes de los últimos 30 años). En estos procesos, al margen de nuestra inclinación o rechazo político, se constata la violación de la presunción de inocencia o la aplicación arbitraria de la prisión preventiva y ha servido para minar aún más la poca legitimidad política, ahondando la crisis política de los últimos años.

Pero, por otro lado, la judicialización de la política ha sido y es terriblemente aguda contra sectores con opiniones críticas y disidentes al Estado, especialmente con organizaciones populares con programas de izquierda y socialista, no solo nos referimos a la alta punitividad que se aplica contra dirigentes sociales en las protestas. Vayamos a ver el caso de la apertura de procesos judiciales contra el Movadef y Perú Libre.

En el caso del Movadef, sin sentencia firme aún (7 años de investigación en el llamado caso Perseo no llega aún a juicio oral) ya es sentenciado como “grupo terrorista” y condenado mediáticamente. Definitivamente es un caso controversial pues sindicar a un grupo de personas de “terroristas” no es cosa menor. Por un lado, porque como dijo el abogado Cesar Nagasaki cuando capturaron a 77 ciudadanos, entre ellos a activistas del Movadef, se “necesita una organización que haga HOY ACTOS TERRORISTAS, no que las hizo hace 20 años, para sindicarlos de terroristas, lo cierto es que cuando el Jefe de la Dircote argumentó el porqué del Operativo Olimpo planteó que dicho operativo buscaba erradicar a personas seguidoras de las ideas marxistas-leninistas-maoístas-pensamiento Gonzalo, o sea eliminar formas de pensar, ¿esto es ilícito? ¿O más parece que se pretende resolver en lo judicial lo que en el plano político con la necesaria confrontación de ideas, no se ha podido? 

En el caso de Perú Libre, con el sr. Vladimir Cerrón, a raíz del ascenso de su partido al poder rápidamente se le abrió un proceso judicial acusándolo del delito de “terrorismo” acompañada de una campaña mediática que tildaba a sus ideas políticas de “comunistas” o “filosenderistas” una cuestión que debe llamar la atención es el momento que se elige para aperturar estos procesos. Según la Fiscalía, al Movadef se le investiga hace 5 años… ¿por qué se aperturó proceso recién hace 1 año cuando las supuestas “pruebas” del delito ya estaban presentadas? ¿Por qué precisamente el momento coincide con los inicios de la campaña electoral? ¿Para frenarlos como fuerza política? Saque usted sus conclusiones.

En el caso de Cerrón, la investigación se armó en cuestión de semanas sacando “colaboradores” de debajo de la manga. Si estos “colaboradores” ya son agentes al servicio del aparato judicial hace años ¿por qué recién declaran sobre el sr Cerrón? ¿Se olvidaron de él en todo este tiempo? Al parecer sufrieron de amnesia momentánea y se acordaron de él cuando su partido tiene una cuota de poder en el Ejecutivo.

Lo real es que se ha apelado a la judicialización de las organizaciones de izquierda, encarcelándolos o con miras a ello. Sino reiteramos lo publicado por Rosa María Palacios, que termina siendo bastante expresivo al invocar la judicialización de la política en el caso del líder del Partido de gobierno:

“Perdido el muro de contención por el peseteo en el Congreso - en referencia al voto de confianza otorgado - solo queda voltear a los otros poderes del Estado, ¿será el Poder Judicial el que ponga límites a la usurpación del poder? El condenado sabe que no las tiene todas consigo”.

Frente a todo lo expuesto, hay reflexiones que son necesarias hacer:

1. En una entrevista en la Revista “Domingo” la historiadora Cecilia Méndez planteó:

 “Aún vivimos la época de la antipolítica, donde la política es vista como una guerra y se tiene que eliminar al enemigo (al que piensa diferente). A esta “guerra” ha sido incorporada como instrumento, el derecho. Por ello, planteamos que el campo y el fin del derecho debe estar nítidamente demarcado. No debe convertirse en la guillotina del poder político al servicio de su persecución, especialmente, contra la izquierda.

2. Con la judicialización de la política, solo logramos hacer del Estado un Estado punitivista, policiaco y criminalizador. Eso no es democracia ni se conduce con el hecho de que el sistema político tolere a pensamientos divergentes entre sí, lo real es que los que “piensan diferente” se han ganado un espacio en la vida política del país. Si no nos gusta, confrontemos, pero en el terreno político, con debate de ideas.

3. La población ha planteado la necesidad de cambios, que uno de ellos sea dejar la judicialización de la política y el terruqueo y que el sistema de justicia se aboque a hacer precisamente ello ¡Justicia! Sin ver rostros ni bolsillos.

ASOCIACIÓN CIVIL DE CONTROL GARANTISTA DEL DERECHO – Setiembre, 2021