Hace unos días, desde el Taller de Derecho Garantista y Constitucional, expresamos nuestra posición de rechazo al ilegal e inconstitucional pedido de prolongación de la prisión preventiva para los detenidos del operativo Olimpo, que llevan ya más de 18 meses privados de su libertad, sin haber cometido delito alguno, sólo en razón de sus ideas, por cierto, cuestionadoras al sistema de opresión y explotación capitalista neoliberal.
Como era previsible,
en un Estado policiaco como el peruano, donde el Estado de Derecho no pasa de
ser un sofisma, y la democracia una farsa, la policía política, la Fiscalía y
los jueces, defensores del statu quo,
jugando en pared, y luego de maratónicas jornadas, para aparentar respeto al
derecho de defensa, en una farsa de juicios, decidieron la prolongación de la
prisión preventiva y el arresto domiciliario por 18 meses más, confirmando una
vez más, que el respeto al derecho penal garantista, sólo se da cuando se trata
de defensores del orden; pero cuando se trata de procesos contra luchadores
sociales, que bregan por una sociedad más justa, aplican el derecho penal del enemigo,
vulnerando todos sus derechos, tratándolos como no personas, como cosas, para
ellos, la prisión preventiva es la regla y no la excepción, como lo señala la
ley, la jurisprudencia uniforme y la
doctrina jurídica.
Ahora, resulta
mucho más evidente que, los casos Perseo y Olimpo, se tratan en realidad de procesos
judiciales de persecución política, contra quienes cuestionan el actual estado
de cosas, contra quienes denuncian la crisis generalizada de la sociedad
peruana, en lo político, social, económico, contra quienes rechazan que esa
crisis se cargue sobre los hombros del pueblo, contra quienes luchan por una
Nueva Constitución mediante una Asamblea Cosntituyente, contra quienes con sus propios
planteamientos buscan participar en la vida política del país, contra quienes
buscan la democratización de la sociedad peruana, contra quienes buscan una
verdadera Reconciliación Nacional; y, no sólo es contra ellos la persecución
política, también vemos que se persigue a todo aquel que propugne algún cambio,
por mínimo que sea, ahí tenemos la estigmatización a todo aquello que se
asemeje o parezca de izquierda, al propio gobierno de Pedro Castillo, al líder
de Perú Libre Vladimir Cerrón, a los etnocaceristas encabezados por Antauro
Humala, etc.
Es en este
contexto que debemos analizar y comprender lo sucedido con los presos del
operativo Olimpo, quienes, desde nuestro punto de vista, son presos políticos, no son terroristas, han sido privados de su libertad por razón de
sus ideas, pues no han dañado ningún bien jurídico protegido por la ley, se les
procesa por lo que supuestamente podrían realizar en el futuro, no se sabe
cuándo, eso es lo que se llama un derecho penal prospectivo, aplicando una legislación antiterrorista dictada para
un contexto de guerra, en un contexto de no guerra. Cabe preguntarnos, ¿son
estas acciones y procesos de persecución las que van a curar las heridas del
Conflicto Armado Interno?, ¿Esto sirve a una Verdadera Reconciliación
Nacional?, ¿Se puede hablar de democracia cuando se persigue por ideas? Todo
esto debe llevarnos a la reflexión, no sólo como estudiosos del derecho, sino
también como ciudadanos conscientes y preocupados por la situación nacional,
pues hoy son ellos los perseguidos, mañana podemos ser nosotros, nuestros
familiares o nuestros hijos; por ello, expresamos nuestro desacuerdo con la
decisión judicial de prolongar la prisión preventiva de los detenidos en el
operativo Olimpo, y llamamos al pueblo a solidarizarse, como lo hacemos
nosotros, pues sólo la unidad del pueblo puede contrarrestar esa corriente
represiva y persecutoria del aparato represivo del Estado (Policía, Fiscales y
jueces); caso contrario, ese derecho penal del enemigo, echará raíces más
profundas en la sociedad y hará metástasis como el cáncer, devorando por
doquier a todo luchador social y hundiendo a nuestro país en una cada vez más
profunda crisis institucional, cuyas consecuencias son impredecibles.
Finalmente, recordando
al jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, a propósito de su opinión sobre el Decreto
Ley 25475, Ley Antiterrorista, podemos decir que, en un llamado Estado
Democrático de Derecho, no podemos permitirnos actuar de manera irracional,
pues “POR DONDE ENTRA EL MIEDO SALE EL DERECHO”; por ello, como Taller de
Derecho Garantista y Constitucional, no podíamos quedar en silencio ante esa
injusta, ilegal e inconstitucional decisión del Juzgado Penal Supraprovincial
Liquidador Transitorio a cargo del juez Littman Ramírez Delgado, que dispuso la
prolongación de la prisión preventiva y prolongación de la detención
domiciliaria de los detenidos en el Operativo Olimpo, por el plazo de 18 meses adicionales
a los ya cumplidos, con lo cual estarán tres años privados de su libertad sin
haber cometido delito alguno y sin respetarse su derecho constitucional a la
presunción de inocencia. Estamos advertidos.
